Si bien el martes 8 de enero se anunció que el desarrollo de Vaca Muerta continuaría con la aprobación de ocho proyectos nuevos para desarrollos no convencionales en la cuenca neuquina, la secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui prepara un recorte en los subsidios para las distintas operadoras.

Según publicó Nicolás Gandini, en el portal Econojournal, el Estado Nacional estaría dispuesto a abonar un estímulo fijo a las productoras que exploten yacimientos de tight y shale gas. En 2019, serán US$ 2,50 por millón de BTU por sobre el precio de venta. En 2020, 2,25 dólares. Y en 2021, finalizará en 2 dólares.

En referencia al marco regulatorio actual, las compañías beneficiarias de los subsidios sufrirían un recorte de alrededor del 40% de lo que venían percibiendo. Esto se debe a que la resolución 46/2107 del Ministerio de Energía, que creó el programa de estímulo, prevé un subsidio variable que se calcula como diferencia del precio promedio del gas en el mercado local y un precio premio decreciente que arrancaba en US$ 7,50 en 2018 y finalizaba en 6 en 2021.

Eso determina, por ejemplo, que si el precio medio ronda los 3 dólares, como sucede en estos meses de verano, las petroleras perciben 4 dólares de subsidio que cubren la diferencia hasta llegar a los US$ 7 del premio.

En principio, el brazo petrolero de Techint, Tecpetrol, y otras grandes empresas como YPF, están dispuestos a avalar la propuesta de gobierno. Con ese recorte, en lugar de costar US$ 1250 millones en 2019, la ejecución del plan de incentivo a Vaca Muerta demandará este año unos US$ 700 millones.

Para que eso este plan pueda llevarse a cabo hay que destrabar tres puntos. El primero tiene que ver con lo que sucederá con los proyectos de desarrollo no convencional de gas que fueron presentados en tiempo y forma bajo la órbita de la Secretaría de Energía, pero que no fueron aprobados por esa cartera. A la fecha, permanecen en un limbo legal. En esa situación se encuentran iniciativas de empresas como Pluspetrol, Pampa Energía, Capsa y de la propia YPF.

En Hacienda se barajó en darlos de baja no sólo por la limitante fiscal. También porque no existe transporte disponible para evacuar esa producción. Pero finalmente se tomará una decisión intermedia.

Según la resolución que publicará en los próximos días Energía contempla que los proyectos que están en situación de aprobación se terminarán autorizando, aunque sólo por la producción inicial declarada por los privados al momento de empezar los trámites. En este punto, existe una diferencia con relación a los ocho proyectos que ya están en marcha. Estos últimos cobrarán subsidios sobre la producción rectificada al 31 de diciembre de 2018. Y no sólo por la producción estipulada en origen. Tecpetrol, por ejemplo, había declarado, en marzo del año pasado, que inyectaría unos 9 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas desde Fortín de Piedra, su campo estrella en Vaca Muerta. Con el paso de los meses, cuando confirmó un rendimiento superior de los pozos perforados, rectificó ese volumen hasta los 17 MMm3/día del hidrocarburo.

En segundo lugar, el ajuste que prepara Lopetegui incluye una salvedad comercial: si bien durante todo el año se pagará un estímulo económico fijo sólo por la producción revalidada por Energía, en los meses de frío eso no será así. Durante el invierno no existirá tope: las empresas cobrarán la bonificación por todo el gas que entreguen al sistema.

El tercer punto que hay que aclarar es cómo se cobrarán los subsidios. La metodología actual prevé que las empresas perciben un adelanto, 45 días después de inyectar el gas en sistema, por el 85% del monto a cobrar. El 15% restante lo devengan dos meses más tarde una vez que el Estado corrobora que los volúmenes inyectados son correctos.

Ese esquema nunca terminó de aceitarse. Por las restricciones fiscales del gobierno, es usual que los pagos se dilaten y la nueva propuesta dispondrá que las petroleras cobrarán ordinariamente un 70% de las bonficaciones correspondientes. El 30% restante se reconocerá en dólares sin interés en un fondo fideicomiso que se cancelará a fines de 2021, una vez que concluya el programa de estímulo.