La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia debatió el proyecto para eximir del pago de tasa ambiental a las áreas hidrocarburíferas en reserva. La iniciativa venía con despacho de las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) y de Hacienda y Presupuesto (B).

A partir de algunas dudas planteadas por bloques de la oposición, el cuerpo que preside el diputado Mario Pilatti (MPN) acordó mantener el proyecto en estudio de la comisión. Al inicio de la reunión, los diputados y las diputadas recordaron a su compañero Luis Sapag, recientemente fallecido.

Al detallar los alcances del proyecto, la diputada María Laura du Plessis (MPN) explicó el martes 4 de junio que la propuesta busca modificar los artículos 13 y 13 ter de la ley Nº2600, modificada por la ley Nº3067, donde se reglamenta la aplicación de la tasa ambiental por actividades hidrocarburíferas con el objeto de contar con un fondo para realizar tareas de control ambiental. Agregó que la tasa se aplica a actividades de exploración y explotación y a las áreas en reserva que remarcó- son áreas que se encuentran inactivas y están bajo la órbita de GyP.

Por otro lado, señaló que GyP tiene 5.600.000 hectáreas bajo reserva por las cuales abona 32,9 millones de pesos anuales en concepto de tasa ambiental. Indicó que al tratarse de áreas inactivas no hay una contraprestación por el pago de la tasa, dado que no se realiza ningún tipo de control ambiental sobre ellas. En ese sentido, consideró injustificado cobrar la tasa a un área que no está en actividad.

Su compañero de bloque, Maximiliano Caparroz, resaltó la prioridad definida por el gobierno provincial a los controles ambientales y atribuyó la propuesta de modificación “a una cuestión de ordenamiento contable”. A su turno, Pilatti detalló el proceso de sanción de las leyes ambientales involucradas y opinó que hay una contradicción en que “el Estado se cobre a sí mismo”.

Desde la oposición, se plantearon objeciones al proyecto en cuanto a la posibilidad de generar un desfinanciamiento de la Subsecretaría de Medio Ambiente para las tareas de control. Al respecto, el diputado Raúl Podestá (Frente Grande) recalcó que el artículo 13 de la ley Nº3067 establece que los recursos obtenidos por el cobro de la tasa ambiental se destinarán a la implementación de la ley y a las tareas de control, inspección y supervisión ambiental. El legislador planteó interrogantes sobre los recursos con los que contará la cartera medioambiental para realizar los controles, en caso de aprobarse el proyecto, y sostuvo que en una provincia donde la actividad hidrocarburífera tiene un rol tan importante es fundamental “mantener fuerte al área”.

Por el FpV, el diputado Guillermo Carnaghi hizo eje en que la Subsecretaría dejaría de percibir 32,9 millones de pesos sobre un presupuesto de 65 millones y se preguntó si la medida no implica un desfinanciamiento en un tema central. A la vez, propuso que se invite a funcionarios de la cartera.

El diputado Damián Canuto (PRO) expuso dudas similares y planteó que “GyP también tiene como premisa propiciar y poner en funcionamiento todas aquellas zonas para las que tiene reserva y exclusividad por la ley”. En ese sentido, expresó que “quizá esta norma termine teniendo un espíritu de motivación a que haga lo necesario para que esas zonas se exploten” y añadió que para la Subsecretaría “terminan siendo recursos que deja de tener”.

En tanto, la diputada Pamela Mucci (Frente Neuquino) coincidió en que votar el proyecto implica extraer recursos de un área que debe realizar el contralor ambiental y se pronunció a favor de solicitar información al respecto.

Estuvieron presentes los diputados Mario Pilatti, Guillermo Carnaghi, Carlos Sánchez, Maximiliano Caparroz, Francisco Rols, Damián Canuto y Raúl Podestá, y las diputadas Encarnación Lozano, Susana Nieva, María Laura du Plessis y Pamela Mucci.