El presidente Alberto Fernández ya tendría definido prorrogar por 60 días más el decreto 329/2020 que dispuso la prohibición a las empresas de despedir empleados como una medida más de contención social en medio de la pandemia del COVID-19.

Si bien todavía faltan 15 días para que se cumpla el plazo formal de caducidad del decreto que firmó el Presidente el 31 de marzo y aún no se les notificó a empresarios o sindicalistas, la decisión oficial de continuar con el esquema de congelamiento de despidos ya estaría tomada en la Casa Rosada.

Según consignaron a Infobae allegados a Alberto Fernández el tema ya fue dialogado con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Hasta se comentó de manera informal con algunos sindicalistas allegados al Gobierno.

“Es necesario llevar tranquilidad a los trabajadores argentinos en un momento de crisis e incertidumbre como el que estamos viviendo”, dijo un funcionario del Gobierno para justificar la decisión del Presidente de dar continuidad a la prohibición de despidos de parte de las empresas.

El decreto de prórroga del 329/2020 también será por otros 60 días y contemplará los mismos fundamentos que se dieron hasta ahora desde la Casa Rosada: que esta medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.

Así, se prohibirán los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. A la vez, se prohibirán las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Y se aclarará que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto por decreto “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

A pesar de que existe el decreto que impide despedir trabajadores, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detectó que ya son 309.672 trabajadores afectados, en un total de 154 casos relevados. Casi todos los casos son del sector privado y la gran mayoría de los despidos ocurrieron en abril, es decir, luego de haberse firmado el decreto 329/2020. Pero en términos legales el decreto presidencial establece que los despidos decididos en estos días no tienen validez legal.

En paralelo a esto se supo que casi ocho de cada diez empresas argentinas solicitaron ayuda para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia de coronavirus y obligó al Gobierno a inyectar una suma equivalente a los 1.600 millones de dólares a un paquete de rescate lanzado en marzo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó que unas 420.000 empresas se inscribieron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) impulsado por el gobierno argentino tras decretar la cuarentena obligatoria el 20 de marzo. Esto contempla cerca del 80% de las empresas.