La crisis llegó a las pymes petroleras y una decena de empresas ya han presentado los preventivos de crisis ante la delegación regional de Trabajo, en Neuquén.

Así lo adelantó la delegada regional del ministerio, Asunción Miras Trabalón, quien informó que hay una decena de pymes, "en su mayoría del sector petrolero", que ya iniciaron el trámite para acceder a un procedimiento preventivo de crisis, una figura a la que recurren en medio del contexto de caída de la actividad en Vaca Muerta.

Las compañías buscan llegar a acuerdos indemnizatorios con sus empleados: "El procedimiento, en última instancia, si es avalado, les permitiría acceder a indemnizaciones por un 50%. Pero hay que ver cómo esto podría darse de frente con las regulaciones establecidas por el gobierno nacional en medio de la pandemia", informó la delegada ante una consulta del diario LM Neuquén.

Hasta el momento, el gobierno nacional no ha avalado este tipo de procesos. De hecho, hay decretos vigentes que van en sentido contrario: por un lado, el decreto 329/20 prorrogó a fines de mayo la suspensión de los despidos por 60 días y al mismo tiempo rige la doble indemnización hasta fin de año.

Cabe recordar que la cámara CEIPA, que nuclea a parte de las compañías neuquinas vinculadas a la cadena de valor del sector petrolero, anticipó en un comunicado que recurrirá a esta figura jurídica, una legislación vigente desde los años 90, ante el contexto económico que atraviesan.

CEIPA habló de "la imposibilidad de continuar cumpliendo con sus obligaciones en los próximos meses dada la dificultad para ajustar sus estructuras de costos y la incertidumbre respecto de los niveles de actividad futura".

Según Trabalón, hasta el momento, ninguno de los trámites iniciado en los cuatro meses de la pandemia prosperó en Neuquén. "Si se llegaran a habilitar, algo que no sucedió, nada de esto queda vigente hasta la firma del ministro en un determinado expendiente", expresó.

"Al mismo tiempo -indicó- hay una procedimiento para determinar si esta figura es congruente con la situación financiera de cada compañía".

Por otra parte, expresó que se han detectado vías ilegales para resolver conflictos. “Se han producido despidos sin fundamento, otros que fueron notificados de forma verbal, o con la invención de causas fraudulentas, para evitar cumplir con los pasos legales que requiere un despido", dijo.

Para las pymes en Vaca Muerta, el contexto es muy grave. La caída de la actividad implicó en una primera instancia que, de acuerdo a los últimos datos, implicó que unos 17 mil trabajadores deban permanecer en sus casas cobrando un tope salarial del 60% respecto de lo lo que venían percibiendo.