Alfredo Baduan, presidente de la Fundación El Viento Blanco, detalló las transformaciones que se están implementando en los sistemas de capacitación y control vehicular, destacando el impacto en la seguridad y la industria.

Según Baduan, el Decreto 196 introduce un plazo de 60 días para que los municipios definan si adherirán total o parcialmente al nuevo sistema. Un aspecto clave de esta normativa es que la capacitación para el transporte de mercancías peligrosas y operación de maquinaria vial pasa de ser una opción a convertirse en una obligación municipal.

“La especialización en capacitaciones es un avance significativo. Por ejemplo, quienes operen maquinaria vial ya no recibirán un permiso genérico, sino uno específico para la máquina que manejarán, como una minicargadora o una motoniveladora. Esto mejora la seguridad en el trabajo y la calidad de los operadores,” explicó Baduan.

Además, con la desregulación del sistema, los talleres homologados podrán realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), democratizando el acceso y reduciendo costos para particulares y empresas. Sin embargo, este cambio enfrenta desafíos legales y logísticos, ya que las verificadoras tradicionales han planteado reclamos de inconstitucionalidad ante la justicia.

“La desregulación traerá competencia en costos, pero aún hay cuestiones pendientes como la transparencia y el cumplimiento de normas de seguridad. Por ejemplo, si un vehículo no está verificado, las aseguradoras podrían negarse a cubrir accidentes,” advirtió el presidente de la fundación.

Alfredo Baduan enfatizó que la Fundación El Viento Blanco, como parte del Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, está preparada para ofrecer capacitaciones en todo el país para las categorías B, C, D, E y F, en función de las necesidades de cada municipio. “Nos enfocamos en garantizar un servicio especializado que responda a las exigencias de la industria y de los consumidores,” concluyó.
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