En el marco de la investigación por la contaminación generada en un predio que operaba la empresa Comarsa, el Ministerio Público Fiscal y dos asociaciones que intervienen como querellantes pidieron al Tribunal de Impugnación que revoque la suspensión del proceso a prueba otorgada a los directivos imputados de la firma y habilite el avance hacia el juicio.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid sostuvo que la decisión del magistrado, que habilitó esa modalidad para resolver el caso a pesar de la oposición del MPF, fue “arbitraria, inmotivada e infundada”, y contraria a los estándares constitucionales y convencionales en materia ambiental.

Durante la audiencia, que comenzó hoy y que continuará mañana con nuevas intervenciones, incluida la palabra de los imputados, Breide Obeid advirtió sobre la magnitud del caso y señaló que lo investigado constituye “la punta del iceberg” del pasivo ambiental producido en el predio.

Uno de los puntos centrales es la incorporación de unos cuadernos secuestrados durante la investigación y atribuidos a uno de los imputados, cuya autoría fue confirmada por pericia caligráfica. Según la acusación, esos registros evidencian la planificación de maniobras para simular cumplimiento, sostener la actividad y entorpecer la investigación judicial, lo que refuerza la hipótesis de una conducta deliberada y sostenida en el tiempo.

Breide Obeid mencionó además un informe construido a partir de más de mil actas de inspección de organismos provinciales, municipales y nacionales entre 2013 y 2021, que documentan incumplimientos reiterados de la empresa y sanciones administrativas. Pese a ello, indicó que se continuaron otorgando habilitaciones y ampliaciones, lo que agravó el daño ambiental.

El fiscal jefe cuestionó que la suspensión de juicio a prueba no garantiza la reparación integral ni la prevención del daño, y subrayó que los delitos ambientales exigen una respuesta judicial acorde a su impacto colectivo.

Por su parte, las asociaciones querellantes -Asociación de Abogadas, Abogados y Profesionales del Ambiente y la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH)- acompañaron el planteo de la fiscalía para que se revoque la suspensión del proceso a prueba y se habilite la etapa de control de acusación, con el objetivo de llegar a un juicio. “No pedimos que nos den la razón, sino que revisen una decisión que no protege el interés general y permitan que el caso llegue a juicio con todas las garantías”, concluyeron.

Recusación

Previo al inicio de la audiencia, las querella en representación de la asociación de abogados ambientalistas recusó a dos integrantes del Tribunal de Impugnación que luego iba a intervenir: Florencia Martini y Richard Trinchieri. Se alegó que carecían de perspectiva ambiental y que sus intervenciones previas en el caso (relacionadas con medidas cautelares económicas) generaban una sospecha razonable de parcialidad.

El tribunal encargado de resolver el incidente, conformado por Patricia Lupica Cristo, Estefanía Sauli y Nazareno Eulogio, decidió por unanimidad rechazar la recusación. Las dos juezas y el juez de consideraron que no había elementos que autorizaran a pensar que existían dudas sobre la imparcialidad de los jueces, ya que el objeto de la nueva audiencia (suspensión de juicio a prueba) era distinto a los tratados anteriormente.

De ese modo, el tribunal que deberá resolver sobre el pedido de la fiscalía para revocar la suspensión de juicio a prueba otorgada está integrado por Martini, Trincheri y Eulogio.