El 30 de junio de 2025, la jueza Loretta A. Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo contundente contra la República Argentina: ordenó transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF S.A. a los fondos Petersen y Eton Park, en el marco de las causas acumuladas N° 15 Civ. 02739 (LAP) y 16 Civ. 08569 (LAP). La resolución judicial, de 33 páginas, responde al incumplimiento de pago de un fallo previo que condenó al país a abonar aproximadamente 16.100 millones de dólares por la expropiación irregular de la petrolera en 2012.
Preska dispuso que el Estado argentino deberá, en un plazo máximo de 14 días desde la fecha del fallo, transferir las acciones a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM), y luego ordenar su traspaso efectivo a los demandantes o sus designados.
Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones. La apelación deberá llegar rápido porque el fallo indica que las acciones se entreguen en un lapso de 15 días.
Según publicó el portal Infobae, la noticia fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X.
?Juez Preska ordena a la Rep. argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo como parte de pago de la sentencia.
?New York Judge Orders Argentina To Turnover its 51% Stake in YPF to judgment creditors. pic.twitter.com/pCdZ5vE5z9
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) June 30, 2025
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo condenatorio contra el país, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado. También había solicitado embargos y otras medidas, todas apuntadas a lo que fuentes vinculadas con el caso definieron siempre como “presiones para negociar”.
Burford compró los derechos a litigar de esta causa que ya lleva una década y por la cual el país tuvo varios reveses en las cortes de EEUU. “La decisión es absolutamente inédita (por eso se opuso el Departamento de Justicia del gobierno de EEUU en su escrito amicus respaldando la postura de la defensa argentina). Se puede apelar y la propia Preska, o en su caso la Court of Appeals, debería suspender los efectos de esta decisión", destacó al portal una fuente con conocimiento de la causa y que pidió reserva de nombre.
“Es imposible que sin aprobación de Congreso se entreguen las acciones. Si Milei quisiera hacerlo, sería un problema para Burford porque debería hacer una oferta pública, algo que ni por cerca quiere hacer. Ellos quieren negociar. Desde hoy, YPF tiene que vivir con el fantasma de que un día de estos una corte le diga que su propietario no es el Gobierno, sino un fondo buitre que le compre las acciones a Burford, y listo. Deberán vivir con ese fantasma por mucho tiempo. Argentina va a apelar, sin dudas, algo que puede durar un año y medio, y podría haber negociaciones en el medio, algo que hasta ahora el país nunca quiso hacer. Ahora deberá hacerlas”, le dijo Maril a Infobae.
En los fundamentos del fallo, la jueza consideró que las acciones estatales de YPF son “securities no certificadas” y que el uso de esas acciones para controlar la compañía, dirigir sus operaciones y autorizar emisiones de deuda en EE.UU. constituye “actividad comercial en territorio estadounidense”, cumpliendo así con los requisitos del artículo 1610(a)(2) de la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA). Por eso, declaró que esas acciones no están protegidas por inmunidad soberana y pueden ser ejecutadas para saldar la deuda judicial.
En los fundamentos, Preska rechazó la invocación de la ley argentina 26.741, que impide vender esas acciones sin aprobación del Congreso con mayoría especial. “No hay un conflicto legal insalvable”, afirmó, señalando que Argentina podría modificar su legislación o llegar a un acuerdo con los demandantes. También descartó los argumentos de comity internacional, recordando que la falta de cumplimiento voluntario por parte de la Argentina refuerza la necesidad de una ejecución judicial forzada.
La decisión remite al origen de la disputa: en abril de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intervino YPF, desplazó a Repsol sin cumplir con las cláusulas del estatuto que exigían realizar una oferta pública por el resto de las acciones. Esa omisión dio lugar a las demandas por incumplimiento contractual.
A partir de ahora, la Argentina queda obligada a actuar para transferir sus acciones en la petrolera estatal. De no cumplir con el fallo, podrían surgir nuevas sanciones financieras, bloqueo de activos en el exterior e incluso restricciones en el acceso al mercado de capitales.
Con este fallo, firmado en Nueva York y con fuerza ejecutoria internacional, se profundiza la presión legal y económica sobre el Estado argentino en uno de los litigios más costosos de su historia. (Redacción Vaca Muerta News, con información de la resolución judicial - Infobae).
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