La empresa mexicana MEGSA Intercon Especializada S.A.U. quedó en el centro de una fuerte polémica tras acumular denuncias de proveedores por incumplimientos de pagos, cheques rechazados y deudas millonarias vinculadas a obras petroleras relacionadas con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en la provincia de Río Negro.

La firma participó de trabajos vinculados a la construcción de tanques petroleros en Punta Colorada y también desarrolló actividades en Allen, ambas localidades relacionadas con obras estratégicas del sistema de exportación de petróleo impulsado por VMOS en la provincia de Río Negro. Anteriormente, la empresa también había trabajado para Oil Tanking en la ampliación de la planta de Puerto Rosales, firma actualmente denominada OTAMERICA EBYTEM S.A.

Según registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la empresa figura en situación 3 y 4 en distintas entidades financieras, con créditos impagos y 224 cheques rechazados acumulados desde junio de 2025.

El conflicto comenzó a escalar luego de que distintos empresarios y proveedores comenzaran a denunciar atrasos de pago superiores a los 90 días por trabajos ya ejecutados y certificados. Uno de los casos expuestos públicamente es el del empresario Ignacio Iranzi, quien denunció incumplimientos económicos vinculados a servicios prestados dentro del esquema de obras relacionadas con el proyecto.

Pero las advertencias sobre la empresa no son nuevas. El pasado 12 de febrero de 2026, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca publicó una nota donde empresarios bahienses denunciaron una presunta estafa superior a los $2.000 millones vinculada a trabajos realizados para Oil Tanking en Puerto Rosales.

En esa publicación, el empresario Dante Lange, titular de la firma de transporte Vía 51, aseguró que comenzaron los atrasos en los pagos durante 2025 y luego recibieron cheques diferidos que terminaron rechazados. Según relató, la deuda con su empresa alcanzaría unos $150 millones.

La nota también menciona denuncias de otras firmas proveedoras de servicios industriales, transporte de personal, bulonería, cemento, estructuras metálicas, impermeabilizaciones, higiene y seguridad, arenado y pintura, entre otros rubros que participaron de trabajos vinculados a la ampliación de la planta en Puerto Rosales.

Según la publicación periodística, la terminal había iniciado una ampliación con una inversión estimada en 600 millones de dólares y la contratista mexicana fue incorporada para parte de los trabajos y provisiones vinculadas a la obra.

Los empresarios afectados sostuvieron además que la operadora fue advertida oportunamente sobre los incumplimientos y que incluso realizó pagos directos desde sus propias cuentas a algunos proveedores, aunque esa modalidad luego habría generado complicaciones administrativas y fiscales para varias empresas locales al no existir vínculo contractual directo.

Otro de los testimonios incluidos en la nota fue el de Ezequiel Roth, de la firma Impermax Servicios Industriales, quien afirmó que recibieron un echeq que terminó rechazado luego de finalizar trabajos en julio de 2025. Según indicó, además de la pérdida financiera, la situación generó impacto fiscal porque las facturas ya habían sido emitidas y las empresas debieron afrontar igualmente cargas impositivas y obligaciones salariales.

En aquella entrevista radial realizada por LU2 Radio Bahía Blanca, Dante Lange sostuvo además que la empresa continuaba trabajando en Allen, Río Negro, mientras proveedores seguían sin respuestas ni pagos.

Ahora, con la firma involucrada también en obras vinculadas a VMOS en Río Negro, comenzaron a crecer los cuestionamientos sobre cómo una empresa que ya arrastraba denuncias y conflictos económicos en Bahía Blanca logró continuar participando en proyectos estratégicos relacionados con infraestructura petrolera y exportación de crudo.

Según la constitución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, la firma fue creada en agosto de 2023 con un capital social de apenas $500.000. El accionista único declarado es la empresa mexicana Metalmecánica Especializada del Golfo S.A. de C.V.

En esa misma publicación oficial figuran como autoridades de la sociedad Luis Eder Cadena Iñiguez como presidente y Abel Isai Naranjo Leos como director suplente.

Dentro de la cadena de contratación aparece AESA, empresa vinculada al grupo YPF, señalada por proveedores como la firma que incorporó a la contratista mexicana al proyecto. A partir de allí comenzaron fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control previos y la evaluación financiera realizada antes de contratar a la empresa.

Empresarios consultados cuestionan cómo una sociedad creada recientemente, con bajo capital declarado y antecedentes de conflictos comerciales, logró acceder a contratos vinculados a obras energéticas de gran magnitud relacionadas con infraestructura estratégica para la exportación de petróleo desde Vaca Muerta.

También crecen los reclamos hacia AESA por la falta de respuestas ante pedidos de intervención realizados por proveedores afectados. Algunas empresas consideran que AESA debería asumir responsabilidad solidaria frente a los incumplimientos denunciados, teniendo en cuenta su rol dentro de la cadena contractual del proyecto y el nivel de dependencia operativa existente entre las partes.

VMOS es uno de los desarrollos de infraestructura energética más importantes actualmente en marcha en Argentina y busca consolidar un sistema de transporte y exportación de petróleo desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica. El esquema involucra obras estratégicas en Río Negro, incluyendo Punta Colorada y Allen, donde se desarrollan distintas etapas logísticas, de almacenamiento y transporte.

Dentro del consorcio participan compañías como YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Shell y Pluspetrol, entre otras empresas vinculadas al desarrollo exportador de crudo.

Hasta el momento no hubo comunicados públicos oficiales de MEGSA Intercon Especializada S.A.U., AESA, VMOS, YPF ni OTAMERICA EBYTEM S.A. respecto al alcance real de las deudas denunciadas, la situación financiera de la contratista o eventuales mecanismos de regularización para proveedores afectados.