El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de ley que otorga a las energías renovables un régimen propio de incentivos, con estabilidad fiscal hasta diciembre de 2045. La medida, bautizada como un “mini RIGI” por sus impulsores, busca garantizar previsibilidad a las inversiones en parques eólicos y solares, el único segmento que creció en los últimos años dentro del sector eléctrico.

Según publicó Clarín, la iniciativa reemplaza a la Ley 27.191, sancionada en 2015, que estableció beneficios por 10 años y que vence a fin de 2025. El nuevo texto fue impulsado por los diputados oficialistas Lorena Villaverde (presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles), Martín Maquieyra, y acompañado por dirigentes como Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal.

Entre sus principales puntos, el proyecto mantiene la obligación de que los grandes usuarios de energía contraten al menos un 20% de su consumo de fuentes renovables, pero elimina la intervención del Estado como intermediario en las transacciones y deja sin efecto los precios máximos fijados para la energía renovable (113 dólares por MWh), ya superados por el mercado.

La propuesta se alinea con los lineamientos recientes del Gobierno para reducir la participación estatal en el mercado eléctrico y favorecer los contratos privados entre generadores y usuarios, que se habilitarían formalmente hacia fin de año. Con ello, también se deroga la obligación del Estado de disponer medidas específicas para ampliar el parque de generación renovable.

El punto central de la iniciativa es la prórroga de la estabilidad impositiva: se establece que la generación y uso de energías renovables no estarán alcanzadas por tributos específicos, cánones o regalías de ningún nivel de gobierno hasta el 31 de diciembre de 2045.

Para los empresarios del sector, esta señal resulta decisiva. Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara de Energías Renovables y Cadena de Valor (CEA), señaló: “Es muy importante dar una señal de estabilidad fiscal y jurídica a largo plazo, que proteja las inversiones ya realizadas y las que vendrán. No pedimos subsidios ni beneficios fiscales, solo previsibilidad. No queremos más impuestos al viento ni al sol”.

Cabe señalar que en la actualidad, la Argentina cuenta con 6.500 megavatios (MW) de potencia instalada entre energía eólica y solar, que representan el 18% de la demanda eléctrica. Desde la sanción de la ley vigente se concretaron inversiones por 7.500 millones de dólares y existen proyectos por otros 4.500 millones en desarrollo, que contribuyen a reducir importaciones de combustibles y a fortalecer la balanza energética.