El Gobierno de Javier Milei volvió a poner el foco en la licitación para la operación privada de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila.

La intención oficial es renovar los contratos de concesión vencidos en 2023 bajo un marco con reglas más claras, criterios técnicos uniformes y una evaluación detallada de los antecedentes de las compañías interesadas.

El esquema que impulsa la Secretaría de Energía contempla la continuidad de la participación privada en la gestión, pero con un componente más fuerte de control estatal y provincial. Las provincias de Neuquén y Río Negro podrán incorporarse con hasta un 10% del capital accionario, mientras que se fijará un canon por el uso del agua y un porcentaje de los ingresos será destinado a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), publicó Ámbito.

Entre los interesados figuran tanto las operadoras actuales -Enel Generación, Central Puerto, Aconcagua Energía Generación y AES Corporation— como nuevos jugadores que buscan posicionarse en el negocio, entre ellos Pampa Energía, YPF Luz, Genneia, MSU Energía, TotalEnergies y grupos chinos vinculados al sector hidroeléctrico.

Desde el gobierno se pondrá el foco en los antecedentes judiciales de las empresas que pretenden participar. El caso más resonante es el de AES, que operaba la represa Alicurá y obtuvo en 2025 un fallo favorable por más de 700 millones de dólares en un tribunal internacional, tras una demanda iniciada luego de la pesificación de los contratos en los años 2000.

Fuentes oficiales aclararon que la existencia de litigios previos no implica la exclusión automática de las empresas, pero sí “obliga a un análisis más cuidadoso” antes de adjudicar las nuevas concesiones. “El país no puede exponerse a repetir conflictos jurídicos que terminaron costando millones de dólares”, advirtieron desde el entorno del Ministerio de Economía.

La presentación de ofertas fue reprogramada para el 7 de noviembre de 2025, y el Ejecutivo confía en concluir el proceso antes de fin de año, con la expectativa de garantizar la continuidad operativa del complejo hidroeléctrico más importante del país bajo condiciones actualizadas y mayor control público.