El Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) dio a conocer una propuesta de ley integral para prevenir la sismicidad inducida, un fenómeno vinculado a la fractura hidráulica utilizada en la extracción de hidrocarburos no convencionales, especialmente en la formación Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén.

La iniciativa surge tras años de investigación independiente sobre los sismos registrados en la región desde el avance de esta técnica extractiva. Según el OSI, desde 2018 se han contabilizado más de 500 eventos sísmicos inducidos en la zona. “No podemos seguir sin un marco legal que proteja a la población, la infraestructura crítica y el ambiente”, sostienen desde la organización.

El proyecto de ley propone la implementación de un protocolo de “semáforo sísmico”, que establece umbrales de magnitud e intensidad a partir de los cuales se deben tomar medidas técnicas y operativas inmediatas. También contempla la creación de zonas de exclusión de 15 kilómetros alrededor de áreas sensibles, como poblaciones, escuelas, represas o gasoductos, donde no se podrá realizar fractura hidráulica.

Otra de las medidas clave es la obligación de realizar monitoreo sísmico en tiempo real y evaluaciones de riesgo antes de cada operación de fracking. Además, se garantiza el acceso público a toda la información generada y se promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre este tipo de actividades.

El documento fue redactado en un lenguaje accesible, con fundamentos científicos y ejemplos de otros países que ya han adoptado regulaciones similares. Está destinado tanto a la ciudadanía como a autoridades gubernamentales, sectores académicos y empresas, y puede consultarse en el sitio oficial del OSI: https://sismicidadinducida.ar/propuesta-de-ley.

“El objetivo es ofrecer una herramienta técnica y concreta para abordar un problema creciente que, hasta el momento, carece de normativa específica en Argentina”, explicaron desde el Observatorio.

Acerca del Observatorio de Sismicidad Inducida
El OSI es un proyecto independiente de investigación científica que, desde 2019, monitorea la actividad sísmica en la Patagonia argentina. No depende de empresas, partidos políticos ni gobiernos, y busca generar conciencia social sobre los impactos de la gran industria energética en la región.