Por Darío Hernán Irigaray

La pregunta que se hacen muchos es: ¿Quién pagará el costo del impuesto a las ganancias?

Históricamente, el impuesto a las ganancias ha sido un punto de fricción en Argentina. Esta preocupación no es nueva; desde sus inicios, el impuesto ha generado debates y controversias. El impuesto a las ganancias tiene raíces profundas en la historia económica del país. El 19 de enero de 1932, en medio de una severa recesión global causada por la Gran Depresión, José Félix Uriburu, el primer presidente de facto del país, introdujo el "impuesto a los réditos". Esta medida, presentada como temporal, se ha mantenido vigente hasta hoy.

En un contexto global, esta situación adquiere una dimensión aún más crítica, dado que los sueldos en Argentina, están considerablemente rezagados, donde se asegura que están muy por debajo del 50% de lo que se percibe comparado con el mundo de la industria oil & gas mundial.

Los sindicatos temen que la reactivación del nuevo impuesto agrave aún más esta disparidad, afectando directamente el bolsillo de los trabajadores. Ya en el pasado, algunas empresas habían llegado a acuerdos con sus empleados para cubrir el costo del impuesto y así evitar que los salarios netos se redujeran. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿Es sostenible esta práctica en el largo plazo?

Reacción sindical y el impacto de la Ley Bases

El pasado viernes 28 de junio, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Bases y el Paquete Fiscal, después de más de seis meses de debate. Con 147 votos a favor y 107 en contra, la Ley Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos se convirtió en ley. El Paquete Fiscal fue aprobado con 134 votos afirmativos. Entre los temas más polémicos se encuentra el Impuesto a las Ganancias, que recibió 136 votos positivos, estableciendo un nuevo piso de $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para casados con hijos.

La Confederación General del Trabajo (CGT), bajo la dirección de Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, no tardó en manifestar su descontento. "El salario no es ganancia. El ajuste lo pagan los trabajadores", declararon en un comunicado. La CGT sostiene que esta medida incentivará la informalidad laboral y perjudicará la reactivación de las economías regionales, desviando fondos que podrían estimular el consumo interno en una economía ya deprimida.

El desafío de la industria petrolera

En este contexto, la industria petrolera argentina enfrenta un desafío significativo. La competitividad global y la justicia salarial se encuentran en una encrucijada. Las empresas deben decidir si absorber el costo del impuesto a las ganancias para proteger los salarios de sus trabajadores o trasladar esta carga a los empleados, con el riesgo de desmotivarlos y fomentar que vean cada vez más atractivo irse a trabajar a otro país.

Conclusión

La reciente legislación ha desatado un debate crucial sobre la equidad y la sostenibilidad en la economía argentina. Los sindicatos se mantienen firmes en su lucha por defender el salario de los trabajadores. Prometen utilizar todas las herramientas a su disposición para garantizar que los ingresos reflejen el esfuerzo y la dedicación de quienes realmente producen riqueza en el país.

En última instancia, la industria petrolera, y por extensión toda la economía argentina, deberá encontrar un equilibrio entre la competitividad global y los salarios, un desafío que definirá el futuro del mercado laboral en el país.