La crisis internacional que está generando y generará la pandemia del COVID-19 agravó los problemas de la industria hidrocarburífera, en una suerte de stand by desde mediados del 2019.

El congelamiento de los combustibles y el petróleo que se aplicó primero por el DNU 566 del gobierno de Mauricio Macri, pero que se mantuvo en lo que lleva el gobierno de Alberto Fernández, dañó el equilibrio y el funcionamiento del sector.

A la crisis del mercado del gas, se sumó entonces, desde el año 2019, una crisis autoinflingida en el mercado del petróleo que llevó a que en seis meses la cantidad de torres activas cayera abruptamente.

La crisis abierta por en el mercado global del petróleo primero a raíz de la menor demanda de Asia y luego por la puja entre Arabia Saudita y Rusia, fueron los primeros coletazo de la pandemia del coronavirus.

El pedido de instrumentar un nuevo barril criollo fue entonces el reclamo instantáneo que desde varias firmas y provincias se planteó. Una semana después, las provincias que integran la Organización de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) se pusieron de acuerdo en pedir que el precio sostén fuera de 54 dólares, pero para cuando la propuesta ingresó, el miércoles 18 de marzo, ya era demasiado tarde.

La enfermedad avanzó y con la cuarentena obligatoria la propuesta de un precio sostén parece ahora desfasada.

El objetivo de volver a aplicar un barril criollo, como el que rigió entre 2015 y 2017, apuntaba a blindar la industria de la tormenta externa, a hacer de Argentina una isla en lo que hace a la industria petrolera.

Pero la cuarentena no sólo paralizó los campos petroleros, sino que también desplomó el consumo de combustibles, la otra punta de la cadena del barril criollo, precisa la nota de Victoria Terzaghi en el diario “Río Negro”.

La cuarentena obligatoria que el gobierno nacional dispuso desde el viernes 20 frenó la actividad de perforación que había logrado subsistir al congelamiento previo. La menor circulación dispuesta llevó, luego de un día de desesperación y largas filas en las estaciones de servicio, a que las ventas cayeran hasta un 70%.

Los números de la principal petrolera del país, YPF, fueron detallados por su CEO, Daniel González, quien advirtió que por esa caída (50% en gasoil, 70% en naftas y 90% en combustibles para la aviación) se redujo el ritmo de trabajo de las refinerías, bajando entre un 30 y un 40% el crudo procesado.

En este sentido, ya no tiene sentido sostener con un barril criollo una industria que ya está deprimida, sino que además el precio de los combustibles aún se ve está desconectado de la demanda.

La enfermedad del conoravirus se extendió a toda la economía nacional y blindar a un solo sector, más allá de su importancia, parece no ser ya una vía posible y menos para un gobierno urgido en responder a una emergencia sanitaria nunca antes vista y con las cuentas bancarias en rojo.

Además, en esta urgencia por fondos frescos, los campos petroleros se enfrentan a los otros campos, los de la soja y el trigo. Allí, en donde los commodities forrajeros tienen la posibilidad de generar divisas, mantener el actual valor de los combustibles a contramano del resto del mundo, implicaría quitarles rentabilidad en el concierto exportador.

La menor demanda de combustibles implica que, con los actuales valores, en el país son cerca de 210.000 los barriles que se producen por día en forma excedentaria. Solo en YPF la cuenta marca que tiene un excedente de producción de casi 100.000 barriles por día.

La vía más rápida de monetizar esa producción que aún no cayó es exportándola, aunque el precio sea realmente una lágrima. Es por esto que, en reemplazo del pedido de un barril criollo surge ahora la necesidad de que el gobierno nacional baje o suprima las retenciones a las exportaciones que representan el 12% del magro valor.

La medida no implica prácticamente un costo fiscal porque hasta ahora el país casi no exporta petróleo, salvo los excedentes de Escalante que no se pueden refinar en el país. Pero además, este cambio permitiría dar un poco de aire a las provincias petroleras que con angustia ven un escenario en el que sus regalías podrían caer a menos de la mitad de lo esperado.