En un documento de 49 páginas titulado “Bases para una reforma integral del sector energético argentino”, el IAE presentó un documento de autoría colectiva, elaborado durante el periodo que va desde el 25 de abril al 8 de mayo de 2020, y propone a las fuerzas políticas una propuesta base para la fijación de un programa energético de mediano y largo plazo para implementarse luego del levantamiento de la cuarentena.

El trabajo del instituto que preside Jorge Lapeña ha sido dividido en cuatro partes: 1) Sector Eléctrico, 2) Hidrocarburos, 3) Transición Energética, y 4) Precios, Tarifas y Economía Energética.

En su análisis, el IAE argumenta que las empresas de servicios públicos se encuentran en una situación de quebranto e insostenibilidad que hace peligrar la prestación de servicios públicos que son esenciales.

Además afirma que el sector petrolero convencional está en decadencia crónica irreversible desde hace 22 años. La apuesta a Vaca Muerta como única salida es inviable. Los ruegos y llantos tempranos de la comunidad petrolera presionando al gobierno para que los proteja de quiebras no demostradas pidiendo su intervención para fijar precios exorbitantes del crudo que no tienen relación alguna ni con los precios de mercado mundial, ni con los costos reales de explotación de los yacimientos.

Por otra parte, plantea que la alianza entre los poderes concedentes provinciales con las empresas concesionarias que deben ser controladas por aquellos para obtener del Gobierno nacional en el alza de precios.

También critica la “magnitud exorbitante de subsidios energéticos transferidos desde el Tesoro Nacional desde 2002 a 2020 que supera los US$ 100.000 millones sin resolver o ninguno de los grandes problemas estructurales del sector energético; y más aún agravándolos”, criticando también “el atraso en las grandes obras eléctricas mal programadas, mal evaluadas y mal financiadas en Grandes Obras de Transmisión de Alta Tensión; Grandes gasoductos y centrales hidráulicas.

A modo de síntesis, se afirma:

“El modelo energético argentino está en crisis permanente y no ha encontrado las soluciones que requiere y necesita el país. Ha fracasado el modelo los años 90 ideado, redactado y puesto en marcha en el Gobierno del Presidente Menem con apoyo de su partido y de organismos internacionales y que incluyó la mayor privatización de la historia argentina incluyendo la desnacionalización de toda nuestra Economía energética”, se argumentó.

“Ese modelo funcionó parcialmente y por poco tiempo durante la convertibilidad que terminó abruptamente con las consecuencias conocidas. No podía funcionar con nuestra moneda coexistiendo con desequilibrios macroeconómicos que los gobiernos no han sabido o no han podido o no han querido resolver”.

“En este estado de situación la propuesta base que presentamos formula un nuevo modelo energético que incluirá, entre otras, las siguientes cuestiones relevantes que se publicarán en detalle próximamente y que integrarán la propuesta definitiva:

• Un nuevo régimen de Marco Regulatorio Eléctrico.
• Una Reforma Integral de la ley de Hidrocarburos vigente.
• Una Reforma de la Ley de Marco Regulatorio del Gas natural.
• La adopción de la idea central que las decisiones estratégicas de la Energía corresponden al Estado nacional y se plasman en un Plan Energético Estratégico que será aprobado por el Parlamento.

También propone “la adopción del concepto de Transición Energética que incluye la descarbonización de la matriz energética y la mayor utilización programada de energías renovables y no productoras de gases de efecto invernadero

• El retorno en 2023 de las Concesiones Hidroeléctricas al Concedente al vencimiento en 2023.
• Reasignación de las funciones del Organismo Encargado del Despacho (OED) y creación del Operador Independiente del Sistema (OIS).

• Fusión del Operador Independiente del Sistema (ISO): se puede fusionar el OED y el Transportista. La fusión del Operador Independiente del Sistema (ISO) y el Transportista Extra Alta Tensión (actualmente Transener)

• La Reorganización de la actual CAMMESA, que incluye la separación del rol de CAMMESA como Administrador del MEM, creando para ello un nuevo organismo público/privado a tales efectos, y la fusión de las responsabilidades del OED con las actuales de TRANSENER, creando el Operador Independiente del Sistema, a cargo del Despacho, el funcionamiento del SADI y la expansión, operación y mantenimiento del Sistema de Transmisión en Alta Tensión.

• Una vez reasignadas y fusionadas esas responsabilidades proceder a una estatización de aquella parte del paquete accionario de TRANSENER que aún está en manos privadas.

• Crear en la Secretaría de Energía una Unidad de Estudio y Planificación con participación de los organismos naturales para llevar a cabo dichos estudios y planificar las obras de expansión del sistema de Transmisión.
• La modificación de la relación entre YPF y el Estado Nacional, propietario del 51% de las acciones de la compañía, que debe abandonar su rol pasivo.

• La revalorización de la exploración de hidrocarburos en todas las cuencas convencionales y marinas
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• La reevaluación integral del Proyecto Vaca Muerta por parte del Estado Nacional a través de sus órganos competentes.

• La reformulación de la integración gasífera entre Argentina y Bolivia que incluye la finalización del Gasoducto GNEA.