El gobierno nacional analiza utilizar cerca de U$S 480 millones recaudados con la Ley de Aporte Solidario para financiar el nuevo gasoducto “Néstor Kirchner” a Vaca Muerta y acelerar su construcción.

La intención es utilizar la estatal Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa) para licitar el caño y luego ser el concesionario de la licencia de transporte, según contó el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Ahora, las autoridades energéticas están buscando una herramienta legal para acelerar la licitación, según dijo el secretario de Energía, Darío Martínez.

En una nota publicada en El Cronista por Santiago Spaltro, se indicó que para hacer uso de los fondos, se necesita modificar la Ley 27.605 (ya que el reparto de los fondos solo permite a Ieasa e YPF canalizar el dinero a proyectos de producción de gas) y crear un fideicomiso para obtener financiamiento privado que permita completar la obra.

Es posible que se emitan títulos de deuda garantizados por el Estado nacional -podrían ser bonos atados al dólar- y no se descarta la alternativa de China como financista.

El nuevo gasoducto habilitará la ampliación de la capacidad de transporte, hoy al borde de quedar saturada por los buenos resultados del Plan Gas, que frenó el declino de la producción y la hizo rebotar, en especial desde la Cuenca Neuquina. Serían al menos unos 20 millones de metros cúbicos por día los que en una primera etapa se sumarían en los caños.

De esta manera, en un plazo de 18 a 24 meses, se podrían sustituir unos 1100 millones de dólares en importaciones de combustibles líquidos para las centrales térmicas, gas natural de Bolivia y gas licuado que llega por barcos, en especial a Bahía Blanca. La intención oficial es que la primera etapa del ducto esté operativo antes del invierno de 2023.

La obra, que se desarrollará entre 2022 y 2025, demandará una inversión total de u$s 1807 millones, de acuerdo a lo que contaron fuentes del mercado, y se dividirá en dos tramos: el primero irá desde Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires), por u$s 1145 millones; y el segundo, de u$s 662 millones, llegará hasta San Jerónimo (Santa Fe).

Las fuentes de financiamiento serán el Presupuesto Nacional (u$s 530 millones) y parte de los ingresos del “impuesto a las grandes fortunas” (u$s 480 millones), que se destinan a proyectos energéticos.

Pablo González, presidente de YPF, remarcó que la producción de gas de la empresa “volvió a niveles pre pandemia, con un crecimiento sin precedentes de casi el 30% en los últimos cuatro meses”.

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, calificó a esta obra como una de las “más importantes” de la historia argentina.
“Gracias a una inversión superior a los 2000 millones de dólares -de los que el Estado Nacional aportará cerca de la mitad y tal vez más-, con una extensión del orden de los 1050 kilómetros y una capacidad que alcanzará los 40 millones de m3 por día, se pondrá en valor Vaca Muerta como nunca se hizo”, dijo Bernal.

En tanto, el presidente de Ieasa, Agustín Gerez, señaló: “El nuevo destino del aporte solidario al mejoramiento y creación de infraestructura resulta una herramienta esencial para la expansión y crecimiento del país con energía competitiva”.