El pasado 13 de julio, legisladores de diversos bloques decidieron unificar el proyecto de ley de Generación Renovable Distribuida que apunta a todos los usuarios particulares del territorio nacional puedan inyectar energía renovable a la red eléctrica.

El escrito no contemplará un cargo a la demanda específica para alimentar los fondos de incentivo FODER y FODIS, punto de gran discusión, y en reemplazo fija, para el primer año de entrada en vigencia de la Ley, una partida del presupuesto nacional de 500 millones de pesos.

El esquema tarifario que se propone es del tipo Net Billing, sistema neto de facturación que permite contrastar el valor monetario de la energía limpia generada por la fuente renovable sobre la energía consumida durante un mismo período. Así se balancean ambos saldos monetarios, dejando fuera otros conceptos como impuestos recaudación provincial- y el Valor Agregado de Distribución VAD, que corresponde a la recaudación de las distribuidoras por servicios de operación, mantenimiento e inversiones en redes, se indicó en la nota de Guido Gubinelli para el portal Energía Estratégica.

Luís María Bardeggia (Frente para la Victoria), uno de los diputado nacionales que trabajó dentro del proyecto, destaca este nuevo logro y señala que en el mes de agosto, luego del receso invernal, habrá una o tal vez dos- jornada donde se convocará a especialistas de distintos sectores para que den su opinión sobre el escrito de la Ley. Lo que resulte de las exposiciones no será vinculante, pero pueden ser tomadas en cuenta para enriquecer la propuesta.

Luego, el proyecto deberá obtener dictamen, primero, en la Comisión de Energía y Combustibles y, después, en la de Presupuesto y Hacienda. “La idea es acortar los tiempos, si es que hay margen, en una reunión plenaria”, explica Bardeggia.

Por su parte, Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), opinó que “hay expectativas” en que se apruebe el proyecto durante el 2017.

Cabe recordar que CADER formó parte del conglomrado de entidades que sugirieron aportes a este proyecto, al igual que AGUEERA, el INTI, IRESUD, ADERE, CFEE, la CACME, la FACE, el ENRE, el sector privado, ADEERA, gobiernos locales y provinciales y el Ministerio de Energía y Minería.

No obstante, Álvarez advierte que, si bien la Ley “es un buen instrumento” así como está planteada, “su éxito va a depender de cómo se reglamente”.

“Habrá que ser cuidadoso en cómo se suministra el capital de los fondos de incentivo- y cómo se instrumenta la mecánica de tasas para la compra de equipos de energías renovables-”, observa el dirigente y precisa: “eso puede generar un incentivo en los prosumidores para que inyecten energía limpia la red” con mayor rapidez.

Álvarez plantea que, con este tipo de políticas de consumo de energía limpia in situ, “el Estado se podría ahorrar grandes sumas de dinero evitando la importación de combustibles fósiles que se utilizan para la generación térmica distribuida”.