La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) rechazó la determinación de Estados Unidos formalizada el lunes 23 de octubre que gravó de 54% a 70% las importaciones de biodiésel argentino, medida que consideró “injustificada y sin fundamentos”, y señaló que la industria estadounidense del sector “tiene ganancias extraordinarias” a partir de la decisión, que “monopoliza el mercado”.

“Aunque la imposición de los aranceles es provisoria, la barrera arancelaria total supera el 120% si se suman los derechos compensatorios previamente impuestos”, indicó Carbio en un comunicado.

La Cámara agregó que “la industria (de biodiésel) de Estados Unidos está teniendo ganancias extraordinarias gracias a estas medidas, ya que ahora monopoliza el mercado; pero nuestro biodiésel es el más competitivo del mundo, sin subsidios ni prácticas distorsivas”.

“Lamentamos que la medida genere el encarecimiento del diésel en Estados Unidos, dado que sus transportistas pagarán más caro por el biodiésel al eliminarse la competencia”, afirmó el presidente de Carbio, Luis Zubizarreta.

Agregó que “la decisión es desmesurada, carente de racionalidad y fundamentos porque Argentina no vende biodiésel con dumping: los derechos antidumping, insólitamente elevados, no modifican la situación preexistente sino que confirman el cierre sin fundamentos de ese mercado”.

“Se desconocen los cálculos en los que el Departamento de Comercio estadounidense basó la medida anunciada, pero se contemplaron erróneamente los costos reales en Argentina, en una forma similar a lo que en su momento hicieron en la Unión Europea (UE)”, evaluaron desde la Carbio. Sin embargo, los empresarios expresaron su “confianza” en que la determinación preliminar “seguramente será revertida”.

Cerrado el mercado de los Estados Unidos, el mes pasado el país obtuvo la reapertura de Europa, que rebajó aranceles. Según cálculos de la industria local, para cuando finalice 2017 podrían terminar colocándose en ese destino unas 370.000 toneladas, lo que representaría ingresos por unos 280 millones de dólares, aproximadamente.

De acuerdo a fuentes de Cancillería, por el nivel de derechos ya impuestos en agosto último, "una eventual aplicación de derechos adicionales no tiene efectos prácticos en términos de acceso real al mercado".